En rtve los corruptos son gente correcta …

Vonnegut nos dejó abierta una pequeña salida de la jaula…

Por lo que se “ve”, sí. Todo el mundo, en la “Casa” habla de ellos con cierto respeto y cariño. No en vano, ésta debe de ser la quinta o sexta generación de ejecutivos que se han dejado sobornar o pervertir. La confirmación de semejante hipótesis viene dada por el trato que reciben en las asambleas de trabajadores de RTVE, en los pasillos o las máquinas de café. Es curioso, pero a los elementos nocivos, a aquellos que penetraron subrepticiamente en el territorio ocupado por los profesionales, se les quiere, de alguna manera. Se refieren a ellos como los corruptos que “se lo llevan”, manipulan, maltratan a la gente, desprecian y, sobre todo, no saben hacer su trabajo. Sin embargo, y ahí está el problema, nadie se lo cuenta a un juez. Yo creo que no lo hacen porque, después de tanto tiempo, se necesitan. Igual se podía pensar en un teléfono gratuito de asistencia a víctimas de maltrato laboral que, por supuesto, respetara el anonimato.
Hasta Alberto Oliart admitía ayer, en el Congreso de los Diputados, que algo hay. El Presidente, ya sin catarro, ¡menos mal!, informaba sobre lo que se encontró cuando llegó a RTVE, recién salido de una “gloriosa jubilación en la Ría de Noia” . Subrayó un hecho: el ambiente de desconfianza que se encontró en RTVE. Diferentes momentos de su comparecencia completan una cascada de despropósitos que deberían ruborizar a los allí presentes (diputados y senadores) y a los ausentes (sindicatos y trabajadores). En el bloque “producción interna” se le deslizaron observaciones muy graves sobre el pasado inmediato. Revisar los contratos, suponemos que blindados, con algunas productoras ajenas, para no incurrir en gastos –indemnizaciones- , permitir que los profesionales participen en los procesos de producción y creación –¡darles trabajo!- o transparencia en la gestión económica, son parte de su nueva política de mano tendida. Aunque, justo es reconocerle a Oliart que muestra cierta incomodidad a la hora de convivir con arribistas y traficantes de lo público, no podemos olvidar que sus antecesores en el cargo sentían fascinación por estos sujetos. Algunos se fueron sin rendir cuentas. Antes, desvalijaron la empresa: se llevaron sus bienes, que eran de todos, a otra parte. Volaron. El resto siguen agazapados en sus despachos. ¡Cuidado, Oliart!
Y mientras, los dos partidos con “opción de gobierno”, que dicen ellos, se enzarzan en discusiones baldías: los minutos de presencia en la “tele”. Así, el grito de guerra de los del PP, ahora, no es otro que el de: ¡Dimita, Señor Oliart!.
«Váyase cuanto antes, desde hoy, por nuestra parte, está revocado»- le piden los del PP.
Todo porque han comprobado que TVE no es plural. Es más, sospechan que Oliart está al servicio del PSOE… No le exigen cuentas ni resultados, estrategia de empresa, análisis de auditorías… Le recriminan un trato de favor a Bono, por ejemplo. Llegamos a escuchar que “Con Bono, un día nos levantamos y nos acostamos”. ¡Por favor!, Señora Riolobos Regadera.
Pienso que PP y PSOE son buenos alumnos de la llamada democracia marketing o democracia-more empresarial. Creen que dominar la televisión y las técnicas comerciales les garantiza el éxito. Otra cosa, bien diferente, es la cultura democrática.
Alberto Oliart, dijo que no, que no dimitía y defendió su independencia : «Ni soy del partido socialista ni sirvo al partido socialista ni tampoco al PP ni a ningún
partido»
Una carta tenía guardada el Presidente. Le proporcionaba la seguridad necesaria para continuar su mandato con estabilidad laboral, eso que se conoce como “paz social”. Conocía a los remitentes; no eran otros que los sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT. Todo hacía pensar que el resultado del referéndum –¿la casualidad? quiso que coincidiera, en fecha, con su comparecencia- le iba a ayudar a continuar su mandato sin los insoportables sobresaltos diarios a los que está siendo sometido desde el primer día. El resultado de esa consulta fue que NO. Los minoritarios, con una ajustada mayoría, han ganado.
Hemos comentado ya el documento que se sometía a consulta. Probablemente la falta de claridad, la desconfianza a la que aludía el propio Oliart de los trabajadores, la postura de fuerza de un sector de la Dirección – los corruptos correctos- y los intereses propios y ajenos han contribuido al fracaso.
Datos todavía provisionales, extraídos del análisis de 4000 horas de emisión de la 1, sitúan la producción interna en el 5,6% , excluidos los informativos. Hacer un elemental cálculo, dividir la plantilla de TVE entre ese porcentaje, produce pánico social y laboral. Sobre esta capital cuestión, la de fondo, nadie quiere pronunciarse. Tampoco sobre las prácticas contables en la Corporación. Una investigación, muy exhaustiva, por cierto, arroja datos escalofriantes. Sobre las tasas aplicadas para evitar que los trabajadores desarrollen su cometido-externalización- , los “apaños” presupuestarios o contratos indefinidos fraudulentos, pesan demasiadas dudas legales.
En NO en el referéndum estaba asociado a una nueva jornada de huelga, el próximo viernes. A alguien se le ocurrió la idea de cumplir con ese compromiso,
y hacer una huelga a la “japonesa”. Es la mejor propuesta que he escuchado en los últimos años. Trabajar en RTVE, producir, hacer valer los derechos profesionales frente a los intereses espurios de los “corruptos correctos” será tanto como ganar, honestamente, esta guerra.
La buena disposición de Oliart, el hombre que abandonó la maravillosa Ría de Noia por RTVE, la veremos muy pronto. Entre tanto, permítame que le recomiende que se aparte de los corruptos correctos. Contará con el apoyo de los profesionales de la radio y la tele públicas.
Una última consideración relacionada con los contenidos de la Corporación : Creo, como Kurt Vonnegut que “ las novelas que obvian la tecnología falsean tan gravemente la vida como lo hacían los victorianos al obviar el sexo”. Después de novelas, añada, si no le importa, televisiones. Ya hablamos otro día.

En el blog de José Mari Gorordo

Rendición de cuentas: condición necesaria, aunque no suficiente, para un adecuado control de las cuentas públicas
28 Abril, 2010 por josemarigorordo
El artículo 15 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 26 de agosto de 1789, ya estableció el Derecho de la sociedad a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.
Pues bien, la rendición de cuentas de las Administraciones públicas debe basarse en unos sistemas de contabilidad pública de alta calidad, puestos al servicio de los ciudadanos.
La modernización de la contabilidad pública, como parte prioritaria de la modernización de la Administración pública, debe evolucionar, con urgencia, desde una contabilidad meramente presupuestaria (orientada al control de legalidad y a la rendición de cuentas), hacia el establecimiento de un sistema contable más informativo, comparable y útil para la toma de decisiones de los usuarios (electores-ciudadanos, políticos y gestores), esto es, un sistema de contabilidad más útil para la gestión, sujeto, asimismo, a los requerimientos de la construcción europea, la implantación de la moneda única y las necesidades internacionales.
Resulta cada vez más acuciante la necesidad de conocer el coste de los servicios públicos prestados.
Admitiendo la dificultad de implantar un sistema único de contabilidad interna o de gestión, por la composición del sector público basado en organizaciones complejas, en las que existen poderes y responsabilidades distintas, objetivos y fuentes de financiación diferentes, es evidente que la información suministrada por la contabilidad externa o financiera no cubre todas las necesidades informativas del sector público.
Aunque hayan existido algunas tentativas para la implantación de una contabilidad de costes sin demasiado éxito, los esfuerzos deben continuar en esta línea de trabajo, al objeto de clarificar el empleo de los recursos públicos, determinar el coste de prestación de los servicios, revelar las desviaciones en relación con la ejecución del presupuesto y posibilitar la presentación de datos de alta calidad ante los diversos destinatarios, principalmente los órganos de control externo de las Administraciones públicas y la ciudadanía en general.
El sector público, integrado por un conjunto de Administraciones, entidades y organismos, que si bien son heterogéneos, todos ellos dependen, en último término, de un órgano político que establece las directrices de su actuación y ante el que son responsables de la gestión efectuada.
De esta dependencia del poder político, se derivan, al menos tres notas características:
1.ª Sometimiento al régimen presupuestario, que es la manifestación de la voluntad política en materia económica del correspondiente órgano político.
2.ª La gestión de todo el conjunto del sector público se encuentra sometida a los controles de carácter contable, financiero, de eficacia y de legalidad, al objeto de verificar su adecuación a las disposiciones y directrices emanadas de los órganos políticos; y
3.ª Todos los entes del sector público sin excepción, deben rendir cuentas de su gestión a los correspondientes órganos fiscalizadores de cuentas y, en último término, al Tribunal de Cuentas.
La obligación de rendir cuentas está presente en las disposiciones normativas a lo largo de la historia de los tribunales de cuentas. La rendición de cuentas, consustancial al Estado de Derecho y al principio de legalidad y exigencia democrática para hacer real y efectiva la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica por medio del control democrático de la gestión pública, debe ser respetada y apoyada por todos los poderes públicos, obligados a promover las condiciones y remover los obstáculos que impidan o dificulten con plenitud el ejercicio de tal participación.
El Ordenamiento Jurídico establece la obligatoriedad del control económico y presupuestario, tanto del Estado como del conjunto del resto del sector público, autonómico y local, para que sus cuentas sean censuradas por el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo.
Para que tal control pueda llevarse a cabo, esto es, para el adecuado ejercicio de la función fiscalizadora, es preciso que el conjunto del sector público, en su calidad de cuentadantes, rindan las cuentas a los diferentes órganos de fiscalización externa que tienen atribuida dicha función, para lo cual el legislador ha puesto en manos de los tribunales de cuentas diversos mecanismos para lograr el suministro de cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes soliciten, lo que se inicia, en caso de no cumplirse, a partir del requerimiento conminatorio.
Si no fuere atendido, podrán aplicar diversas medidas, como la formación de oficio de la cuenta retrasada a costa del moroso, la imposición de multas coercitivas o la propuesta a quien corresponda para la suspensión, destitución, cese o separación del servicio del cuentadante. Además, en su caso, pasarán el tanto de culpa al Fiscal General del Estado por el delito de desobediencia.
A pesar de la obligatoriedad de rendir cuentas, aún existen numerosas Administraciones públicas que no rinden sus cuentas a los órganos encargados de hacerlo, esto es, a los tribunales de cuentas, estatal o autonómicos.
En algunas Comunidades Autónomas, a duras penas sobrepasan del 50 ó del 60%, los ayuntamientos que rinden cuentas, debidamente, a los órganos de fiscalización externa, sea al Tribunal de Cuentas o al correspondiente órgano autonómico. O lo que es lo mismo, aún existen numerosas Administraciones públicas que no rinden cuentas a nadie, grave incumplimiento que no debería pasarse por alto desde los poderes públicos.
En el núm. 33 de la Revista Española de Control Externo (vol. XI, septiembre, 2009), Manuel Aznar López publica una crítica de mi libro, “El control de las cuentas públicas“, en el que puede verse un amplio estudio en relación con la rendición de cuentas y los problemas derivados de su incumplimiento.